Categoría: /
Leído 545 veces.
Escrito por Redacción.

En un post anterior, el profesor José Luis Miní, magíster en Derecho Regulatorio por la UPC y profesor del programa especializado en Tributación, explicó que el objetivo de la Reforma Tributaria 2019 era generar una ley antielusiva, es decir, controlar la elusión tributaria, el mecanismo por el cual el contribuyente creaba figuras impropias o irregulares para obtener "ventajas tributarias". No obstante, sostuvo que este decreto legislativo ha generado varios cuestionamientos por temas que se debieron corregir. El docente señaló tres de ellos:

- La incorporación de una responsabilidad en la directiva, facultad que no estaba prevista en la Ley de las sociedades y que ahora da la posibilidad de sancionar a los encargados de gestionar las grandes empresas.
- La existencia de un comité que se encargue de determinar si es que los casos son o no casos de elusión tributaria, el cual Miní Miranda asegura no ser suficiente para controlar la elusión fiscal.
- Y la aplicación retroactiva de la norma. Es decir, la aplicación de la norma en base a los presupuestos jurídicos impuestos desde el año 2012, los cuales no fueron reglamentados a cabalidad según el catedrático.

Al respecto, el docente mencionó también que “resulta clara la intención del Poder Ejecutivo de imponer la obligación al directorio de aprobar la planificación tributaria a fin de atribuirle a sus miembros la responsabilidad solidaria frente al fisco”.

Jose Mini en master class

¿A quién se dirige la ley antielusiva?

El docente señaló que esta norma antielusiva aplica tanto a las grandes empresas como a los pequeños negocios que hay en el país. Sin embargo, sostuvo que esta disposición va dirigida principalmente al sector privado mayoritario y formal, puesto que advierte que las compañías que lo integran cuentan con mejores “asesores”, quienes son los que finalmente ponen en marcha mecanismos de elusión más agresivos. Al respecto, precisó que la imputación por elusión tributaria es el cobro del 1.2% de la “ventaja” realizada por la empresa involucrada.

Finalmente, Miní Miranda argumentó que es urgente la incorporación de un equipo que se dedique exclusivamente a controlar esas transacciones que no se declaran. “Se debe laborar con inteligencia, implementar mecanismos que permitan no solo la fiscalización, sino también un seguimiento constante a los contribuyentes”, agregó.

¿Le interesó esta publicación? ¡Compártala!